Una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Benalmádena a anular el contrato para el mantenimiento de las zonas verdes del municipio, adjudicado por la anterior corporación socialista en el año 2022 a la UTE formada por las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros.
Tras la presentación de las ofertas se produjo un empate entre siete de las candidaturas. El contrato se adjudicó con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, el socialista, Joaquín Villazón, «quien usó ese derecho como presidente de la mesa de contratación y a pesar de la posición contraria tanto de la secretaria de la misma como del interventor municipal». El Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a las mercantiles Integra y Talher, quienes presentaron recurso contencioso-administrativo cuando se realizó la adjudicación en el anterior mandato del PSOE
El concejal de Parques y Jardines, Juan Olea, ha señalado que «resulta abrumador ver cómo un exconcejal socialista estableció sus propios criterios para decidir sin ningún tipo de miramiento qué empresa debía ser la adjudicataria de un contrato público, y además desoyendo las indicaciones de dos habilitados nacionales, quienes ya le avisaron de lo que podía ocurrir». «Ahora nos encontramos con que esa decisión seguramente tendrá graves consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Benalmádena, que ya estamos estudiando con los servicios jurídicos municipales, por lo que no descartamos emprender las medidas que sean necesarias al respecto».
